La formalidad del contrato de arrendamiento con cláusula de allanamiento a futuro en los procesos tramitados en el Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Nuevo de la Corte Superior de Justicia de Ica. 2018-2022

El objetivo fundamental del estudio que se presenta fue determinar la formalidad que representa la firma legalizada en los contratos de arrendamiento con cláusula de allanamiento a futuro en los procesos tramitados en el Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Nuevo de la Corte Superior de Justicia de Ica 2018-2022. Para esto, la metodología fue de enfoque cualitativo, de nivel explicativo, de tipo básica no experimental transversal. Además, la población muestral estuvo constituida por 166 sentencias en materia de restitución de la posesión del inmueble por falta de pago del Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Nuevo, de la provincia de Chincha, en el período 2018-2022. Para ello se utilizó la técnica de revisión documental. Los resultados indicaron que las firmas legalizadas en los contratos de arrendamiento son de naturaleza ad probationem, razón por la cual muchos de los expedientes han sido omitidos la legalización de firma en los contratos. Y como conclusión principal se ha establecido que en los procesos que sustentan mi tesis ningún demandado cuestionó su firma en el contrato de arrendamiento, realizado con la cláusula de allanamiento a futuro en la contestación de demanda, al admitir que existía una relación contractual con el demandante, ya que desde el momento en que se realiza el contrato existe un allanamiento anticipado para interponer la demanda por una de las dos causales por falta de pago o vencimiento del contrato que el arrendatario tiene conocimiento de que si incumple se efectivizará dichas causales de una manera rápida conforme al espíritu de la Ley N.° 30201. Por lo que, si no se legaliza la firma en el contrato, estos son valido y estaría tramitándose dentro de la aplicación del art. 594 del CPC, y que los juzgadores deben admitir dichas demandas

Análisis dogmático penal en la comisión del delito de usurpación agravada en la comunidad campesina de Jicamarca 2018 - 2021

La presente investigación tiene como título: Análisis dogmático penal en la comisión del delito de usurpación agravada en la comunidad campesina de Jicamarca 2018 - 2021. La que se desarrolló aplicando una investigación teórica, utilizando el diseño de teoría fundamentada Para ello se realizó una investigación teórica, empleando un diseño de teoría fundamentada, con enfoque cualitativo, según su finalidad fue básica y según su alcance es descriptiva interpretativa. Asimismo, las técnicas utilizadas a través del análisis de entrevistas, también, como instrumentos de empleó la guía de análisis. Los resultados determinaron que la aplicación de la dogmática penal en los procesos de usurpación agravada se han encontrado que en la práctica obvian la dogmática penal y cuando se aplica lo realizan de forma errónea a consecuencia de ello la mayoría de los casos terminan archivándose aduciendo que la documentación para realizar la defensa de posesión, es insuficiente la adjudicaciones y constancias de posesión, documento con el cual se acredita propiedad y posesión dentro de la comunidad campesina, a pesar que existe jurisprudencia al respecto casación 505-2017 Piura, que cuando el ilícito se desarrolle dentro de una comunidad se debe aplicar el derecho consuetudinario sin embargo no sucede ello

Influencia de la planificación urbana en el desarrollo del comercio informal de 1970 a la actualidad en la cuadrante de la ex parada Quillcay Huaraz-2021

El presente trabajo de investigación se realizó debido al fenómeno del comercio informal que viene desarrollándose en la ciudad de Huaraz, se tuvo como objetivo determinar la influencia de la planificación urbana en el desarrollo del comercio informal de 1970 a la actualidad en la cuadrante de la ex parada Quillcay, siendo la metodología de la investigación de enfoque cualitativo de tipo básica, longitudinal y descriptiva, de nivel correlacional y de diseño fenomenológico; con una población de 597 y una muestra de 234 participantes, los cuales son divididos entre comerciantes formales e informales, se utilizaron los siguientes instrumentos el cuestionario, la bitácora de observación y las ficha documentales donde se obtuvo como resultado que la gestión y normativa que existe en el sector no se regula ya que las actividades que se están generando hace que el comercio informal siga aumentando, añadiendo que la cuadrante se encuentra ubicado en un lugar céntrico. Se concluye que el comercio informal tuvo como incidencia la mala gestión urbana que se desarrolló en la ciudad durante los últimos cincuenta años afectando el espacio urbano de la cuadrante de la ex parada Quillcay

Colonos, comunistas, alarifes y fundadores en Colombia: una historia de la Central Nacional Provivienda CENAPROV (1959-2016)

La Central Nacional Provivienda es una organización social fundada en Colombia, por colonos desplazados, artesanos y militantes comunistas, con el propósito de constituir un movimiento social de destechados. Lograron crear alrededor de 500 Centros de Provivienda en 156 municipios y dotar de vivienda propia por autoconstrucción, a cerca de 500.000 personas, a través de ocupaciones de hecho y/o de compra comunera. Con barrios populares autogestionarios, constituyeron una base social y electoral y fueron víctimas del genocidio paraestatal. Con los fundadores sobrevivientes fue posible recuperar sus memorias a través de narraciones orales. También, se buscó reconstruir la historia de la organización a partir de sus archivos documentales. (texto tomado de la fuente)The National Provivienda Central is a social organization founded in Colombia, by displaced settlers, artisans and communist militants, with the purpose of forming homeless social movement. They managed to create around 500 Centers of Provivienda in 156 municipalities and to provide own housing for self-construction, to about 500,000 people, through factual occupations and / or common purchase. With popular selfmanaged neighborhoods, they constituted a decisive social and electoral base and were victims of parastatal genocide. With the surviving founders it was possible to recover their memories through oral narratives. Also, it was tried to reconstruct the history of the organization from its documentary archives.DoctoradoTeoría y análisis polític

El principio de la confianza legítima en el derecho urbanístico colombiano

El principio de la confianza legítima en Colombia, tiene sus orígenes en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y en algunos Tribunales, pero hasta el momento no ha sido recogido por ninguna normatividad específicamente. La Corte Constitucional se ha referido a este principio, como aquel que se deriva del principio de la buena fe (artículo 83 de la Constitución Política Colombiana), de los principios de seguridad jurídica (artículos 1º y 4º de la Constitución Política), en la prevalencia del interés general sobre el particular, el principio de la proporcionalidad, el principio democrático, y del respeto a los actos propios de la administración por los administrados y las relaciones impuestas entre ambos constitucionalmente. El principio de la confianza legítima es un mecanismo que permite armonizar y conciliar casos en los que la administración en su condición de autoridad, por acción o por omisión ha creado expectativas favorables a los administrados y de forma abrupta elimina esas condiciones, para que gradualmente los sujetos implicados en una situación irregular ajusten su condición en el marco del ordenamiento jurídico y dentro del respeto de sus derechos fundamentales, buscándose con ello un equilibrio digno y consecuente con un Estado Social de Derecho.vdxfvEspecialista en Derecho UrbanísticoEspecializació

Sanción del incumplimiento de medidas de protección como tipo penal de desobediencia y/o resistencia a la autoridad

La mujer y los integrantes del grupo familiar, vienen siendo el eje de nuestro sistema jurídico peruano, cuando de protegerlos se trata, en razón de ello, los legisladores han establecido diversos mecanismos de protección frente a comportamientos que generen la vulneración a su integridad, sin embargo, en el camino de la lucha frente a este problema social, se han venido cuestionando diversas normas que parecen no cumplir con el fin que se busca. Así actualmente, tenemos la concurrencia de dos tipos penales, que en la realidad representa mucha controversia con respecto a este tema para el que aún no se encuentra una solución definida, hablamos entonces del artículo 122 – B inciso 6. segundo párrafo y del artículo 368 segundo párrafo parte final, pues ambos guardan relación entre si y se contraponen porque sancionan “el incumplimiento de una medida de protección”, ambos relacionados al ámbito de violencia familiar, pese a que la finalidad de estas normas implementadas es la misma, el hecho de que se contrapongan no permite que se cumpla el fin de protección y viene generando sensación de impunidad. Razones por las cuales se origina el presente trabajo, para estudiar ambos tipos penales, evidenciar el problema de la concurrencia de estas normas y en base a todo lo desarrollado en la investigación estribar en una solución, por ello se ha empleado un tipo de investigación cualitativa, evidenciando como resuelven los operadores jurídicos

Tensión entre el derecho a la propiedad y la protección al Parque Nacional Llanganates cantón Píllaro

La presente investigación académica trata de ampliar algunos lineamientos jurídicos que permitan establecer el acceso a la propiedad como un derecho fundamental. Los objetivos del estudio están orientados a determinar los mecanismos de protección estatal del derecho a la propiedad, partiendo del enfoque de que es un derecho fundamental, siendo uno de los derechos más amplios que le permite al propietario usar, gozar y disponer de su bien, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, el mismo que se encuentra reconocido y garantizado tanto en instrumentos internacionales como en la normativa ecuatoriana, con ello, el estudio analizó la posición del estado frente a los propietarios privados que conforman las áreas protegidas, la limitación de su derecho a la propiedad, bajo la prohibición de la realización de actividades dentro de las áreas protegidas, las mismas que deben cumplir una finalidad social y ambiental y que se contraponen con los intereses económicos de los legítimos propietarios. Adicionalmente, sobre la base de un análisis normativo de la legislación vigente, esencialmente sobre las disposiciones constitucionales, se plantea que el estado en todos sus niveles de gobierno ajuste el ejercicio de sus competencias a tutelar el derecho a la propiedad, a través de políticas públicas, normativas y gestión de actividades que permitan lograr, no solo proteger a la naturaleza sino lograr que los propietarios ejecuten actividades eficientes que les permita un desarrollo social como económico, o sea, alcanzar un equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la naturaleza; así mismo, que dichas limitaciones constitucionales desarrollen normativa constitucional que indique la manera de ejecutarlas, a fin de que no existan cargas desproporcionales

Política criminal, delito de violencia contra la autoridad agravada y principio de proporcionalidad en la Provincia del Callao

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito Evaluar la manera en que la política criminal en el Perú aborda y sanciona el delito de violencia agravada contra la autoridad en el marco del principio de proporcionalidad. Desde un enfoque cualitativo, de tipo básico y de diseño de Teoría fundamentada, el estudio toma como población a jueces, fiscales del Callao y efectivos policiales. Con el presente estudio se cuestiona la inadecuada regulación jurídica del articulo 367 inciso 3 y se argumenta el por qué consideramos que desde la práctica jurisdiccional de los jueces y fiscales están investigando y resolviendo casos de delito de violencia agravada a la autoridad vulnerando el principio de proporcionalidad de las penas. Se concluyó que, en el Perú, existe una tendencia de sobrecriminalización de la regulación jurídica del delito de violencia contra la autoridad al imponer penas desproporcionales en relación al bien jurídico que se pretende proteger, el mismo que resulta un despropósito y debe ser seriamente analizado y modificado desde un enfoque de derechos humanos y desde los Principios procesales, en particular, el de proporcionalidad

Acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar respecto del deber de debida diligencia de las comisarías de familia, juzgados de familia y Fiscalía General de la Nación

El siguiente trabajo de investigación surge de la necesidad de abordar el problema del acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, evidenciando las barreras a las cuales se enfrentan al momento de acudir a los órganos judiciales, específicamente, las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y Fiscalía General de la Nación, impidiendo con ello, un efectivo acceso a la justicia por parte de estas. El acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental que se ha consagrado y desarrollado ampliamente en la normatividad nacional e internacional, así como en los diferentes fallos de las altas cortes nacionales e internacionales que, haciendo uso de facultad de discrecionalidad, han ido más allá de los preceptos normativos existentes. Este derecho que tiene a su vez el carácter de universal, durante mucho tiempo fue, como los demás derechos humanos, ajeno a la realidad de las mujeres al no ser estas consideradas como ciudadanas. Sin embargo, esta exclusión histórica fue superándose paulatinamente gracias al reconocimiento y avances que ha tenido el derecho a la igualdad sexual en el ámbito formal y normativo, logrando con ello que los diferentes sistemas jurídicos del mundo reconocieran a la mujer como un sujeto social y político. El reconocimiento jurídico que se ha tenido de los derechos de las mujeres ha hecho que a nivel internacional y nacional se den importantes avances en la regulación e implementación de medidas que contribuyan a disminuir la discriminación sexual sufrida por estas en todos los ámbitos. Estos avances se han materializado en la promulgación de Convenios y Tratados Internaciones que tienen como único fin, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de estas en todos los ámbitos, incluyendo dentro de estos, la forma en que las mujeres acceden a la administración de justicia. No se pueden obviar los notables avances que se han dado materia de derechos de las mujeres, incluyendo dentro de estos, el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, sin perjuicio de estos avances, el acceso de las mujeres a la justicia sigue teniendo infinidad de barreras que imposibilitan cada vez más la satisfacción de este derecho, barreras que van más allá del ámbito formal del derecho. Así pues, a pesar de los avances que en materia normativa se han dado sobre este derecho y en general, sobre los derechos de las mujeres, el acceso a la administración de justicia sigue experimentando una serie de obstáculos que imposibilitan la consecución de este y que, en gran medida, responden a la omisión por parte de las autoridades de actuar con la debida diligencia al momento de adelantar y abordar un caso en el que una mujer haya resultado víctima de violencia intrafamiliar. Esta omisión por parte de los operadores encargados de administrar justicia se debe en gran medida, a la ausencia de formación de estos respecto de los instrumentos, herramientas y normatividad existente en materia de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como de conceptos teóricos básicos que son de gran ayuda en el entendimiento de las situaciones estructurales que contribuyen y generan gran parte de las violencias sufridas por las mujeres. De igual forma, este desconocimiento y omisión de las autoridades encargadas de administrar justicia, trasgrede una de las obligaciones internacionales que tiene el Estado en materia de acceso a la justicia que se refiere al deber de debida diligencia que deben tener los operadores de justicia en los casos de violencia basada en género, logrando con ello que muchas mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencias, opten por no denunciar o por, una vez realizada la denuncia, desistir del proceso por el maltrato y la revictimización que sufren en los estrados judiciales. Así, la presente investigación pretende evidenciar la situación jurídica problémica de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que optan por acudir a los órganos judiciales y que terminan siendo revictimizadas por la negligencia y desconocimiento por parte de la institucionalidad, específicamente de funcionarios de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y la Fiscalía General de la Nación, de instrumentos nacionales como la Ley 1257 de 2008 e internacionales, como la Convención CEDAW y la Convención Belén do pará. Instrumentos que establecen medidas y herramientas de prevención, protección, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, y que a su vez, prevén una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de adelantar un caso de violencia de género. Por lo anteriormente mencionado, en esta investigación, se abordará el derecho de acceso a la administración de justicia desde una perspectiva de género que reconoce la situación de desventaja de las mujeres debido a su género y, a su vez, evidencia la necesidad de formar e implementar diferentes herramientas que contribuyan en la prevención, sanción y erradicación de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Para el abordaje de este derecho fundamental, es fundamental hacer alusión a las previsiones normativas, constitucionales y doctrinales que hay sobre este, en especial, los desarrollos existentes sobre la administración de justicia con perspectiva de género y los efectos de esta, en el acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Esto, con el fin de determinar si la omisión del deber de debida diligencia por parte de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y Fiscalía General de la Nación impiden el efectivo acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. El objetivo de esta investigación es analizar el acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, respecto del cumplimiento del deber de debida diligencia por parte de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y la Fiscalía General de la Nación, para con ello determinar si esto tiene implicaciones en el escalamiento del ciclo de violencias en contra de las mujeres generando con ello una revictimización. Para lograr el objetivo anteriormente planteado, en primera medida se revisarán los estándares internacionales y nacionales en materia de prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres. Posterior a ello, se definirá conceptualmente el acceso a la administración de justicia desde la doctrina y la teoría crítica feminista. Finalmente, se procederá a definir y examinar la relevancia de la omisión al deber de debida diligencia por parte de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y de la Fiscalía General de la Nación en la intensificación del ciclo de violencias. Esto se hará mediante el análisis de fallos proferidos por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de justicia. El presente trabajo de investigación tiene un enfoque teórico que se complementa con un análisis jurisprudencial de fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, para lo cual, el proceso de investigación se abordará de la siguiente manera: En un primer momento, el objeto de estudio de esta investigación se abordará desde una revisión de los referentes jurídicos nacionales e internacionales con el fin de evidenciar los estándares existentes sobre la prevención, investigación, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, así como los diferentes instrumentos que existen para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Acto seguido, se realizará un abordaje teórico del objeto de investigación por medio de la revisión de literatura existente sobre la definición conceptual del derecho de acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta los aportes realizados por diferentes corrientes teóricas antiformalistas como el movimiento florentino de acceso a la justicia y el movimiento Law and Society surgido en los Estados Unidos. Posteriormente, se hará una inmersión desde la teoría crítica feminista del derecho, a la definición tradicional de acceso a la administración de justicia para posteriormente desarrollar el concepto de acceso a la administración de justicia con perspectiva de género desde los postulados de diferentes autoras feministas. En ese orden de ideas, la presente investigación ahondará en las definiciones conceptuales, teóricas y normativas que se han hecho del derecho de acceso a la administración de justicia para con ello, evidenciar las omisiones que se están presentando por parte de los operadores encargados de la administración de justicia al momento de abordar casos de violencia intrafamiliar. Para lo anterior, se analizarán dieciséis casos que hayan tenido fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y en la corte Constitucional en materia de violencia intrafamiliar, con el fin de identificar las barreras que enfrentan las mujeres al momento de acceder a la justicia, y cómo estas barreras son en gran medida resultado de la omisión del deber de debida diligencia de los operadores encargados de administrar justicia. Para la consecución de lo anterior, las fuentes empleadas en la presenta investigación son de tipo documental, algunas teóricas y otras jurisprudenciales, encontrándose la primera de estas, en diferentes textos de autoras feministas que han abordado el derecho de acceso a la administración de justicia desde una perspectiva feminista. Por su parte, la jurisprudencia analizada, se centra en los fallos proferidos en la sala penal y civil de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional. 4. Hipótesis Con el ánimo de garantizar un ejercicio efectivo del derecho a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, las instituciones estatales que conocen los casos de violencia intrafamiliar, específicamente las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y la Fiscalía General de la Nación, deben hacer uso de las herramientas previstas en la normatividad existente para la protección de los derechos humanos de las mujeres, Lo anterior, en el entendido de que, en muchos casos, la ausencia de respuesta institucional que supone a su vez, la omisión de los deberes que el Estado tiene en materia de investigación, tratamiento y sanción de los procesos de violencia de género, se convierta en una nueva forma de victimización que hace que, en muchos casos, la violencia ejercida contra estas se mantenga e incluso incremente.Universidad Libre – Facultad de Derecho -- Derech

El rol del Estado frente a la explotación de los recursos naturales no renovables

El presente trabajo tiene como objeto exponer los resultados del proyecto de Tesina titulado “El rol del Estado frente a la explotación de los recursos naturales no renovables", aprobado por resolución N° 598/10-D de la Faculta de de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, el cual fuera presentado oportunamente como labor de investigación final para la obtención del título de Licenciatura en Sociología. El proceso dialéctico en el que se inscribió dicha investigación trajo aparejado la redefinición de los objetivos planteados inicialmente, orientados a realizar un análisis geográfico comparativo que permitiera cotejar las variables implicadas en el estudio en dos casos puntuales a lo largo del mismo período de tiempo. El resultado del aludido proceso condujo a centrar el examen en sólo uno de los casos propuestos, entendiendo que tal delimitación posibilitaría abordar de forma más acabada el estudio de las variables y, consecuentemente, sentaría bases sólidas para efectuar la comparación originariamente formulada. En este marco, el presente trabajo indaga sobre el rol desempeñado por el Estado de la provincia de Mendoza frente a la minería metalífera a cielo abierto (en adelante MMCA), promovida desde el Estado de la Nación Argentina a partir de los años noventa hasta la actualidad. En esta dirección, la investigación examina la forma en que la sociedad mendocina ha regulado, bajo el régimen de acumulación rentístico-financiero primero (1976-2000) y el período de post-convertibilidad (2001-2011) después, el aprovechamiento de los recursos minerales del territorio provincial. Concretamente, se propone descubrir los intereses sectoriales, como se articulan o contrastan y las huellas que la cristalización de éstos dejan impresas sobre las formas de regulación.Fil: Cóvolo, María Paz. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales